Cantabria reclama al Estado el traspaso de la competencia para gestionar la costa

«Nos permitirá actuar en el ámbito de los permisos, concesiones y gestión y realización de infraestructuras. Cualquiera que haya tratado con Costas sabrá las dificultades que se encuentra», señala el titular de Fomento, que da por hecho que si esta competencia se gestionara desde Cantabria, además de dar una respuesta más ágil, el Ejecutivo autonómico también sería más eficaz a la hora de resolver los problemas. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, el de los afectados por la Ley Nacional de Costas. Particulares o empresas que están asentados en el dominio público marítimo-terrestre –en ocasiones antiguas marismas que fueron desecadas hace décadas– y que, según denuncian, se chocan de frente contra un muro cuando solicitan una prórroga de sus concesiones.

El consejero Media valora que si la competencia fuera de Cantabria, la comunidad autónoma no podría en ningún caso dar un nuevo permiso o prorrogar otro ya existe en contra de la ley nacional porque la legislación básica del Estado prevalece, pero al menos sí resolvería aquellos expedientes que cumplen los requisitos y daría una respuesta concreta –más allá del silencio– a los que no.

El Gobierno autonómico señala que las decisiones sobre nuevas obras y mejora de infraestructuras también se tomarían desde Cantabria. Sin ir más lejos, la polémica ejecución de los espigones de La Magdalena. O la solución para que la playa pequeña de Langre vuelva a tener un acceso después de que un temporal marítimo se llevara la pasarela. Ahora no se puede entrar de forma directa en el arenal porque Demarcación dice que crear un nuevo acceso sería peligroso por la inestabilidad de los taludes, sobre los que también se niega a actuar.

Si el proceso de traspaso concluye de manera exitosa, el Ayuntamiento de Santander ya no tendrá que 'pegarse' con el Ministerio para la Transición Ecológica para realizar rellenos de arena y decidir quién los paga, sino que tendrá que llamar a la puerta de la Consejería de Fomento. A lo anterior habría que sumar la tramitación de autorizaciones para la instalación de negocios de todo tipo o propios del litoral como chiringuitos.

Lo previsible es que el Gobierno de España no se oponga a este traspaso porque ya se lo ha concedido a otros territorios como Galicia y País Vasco. En cualquier caso, aunque se muestre predispuesto, las dos partes tendrán que llevar a cabo una negociación sobre las condiciones concretas. Ahí tiene que determinarse cuántos funcionarios pasarán a la administración autonómica, qué instalaciones y edificios cede el Estado y también cuál será la aportación económica anual del Gobierno central a Peña Herbosa para que gestione esa competencia. El consejero Media insiste en que, aunque Cantabria necesita «urgentemente» gestionar su costa, también necesita los recursos para hacerlo, por lo que no aceptará un mal acuerdo.

La misma Consejería de Fomento también ultima, en este caso con la Confederación Hidrográfica el traspaso de la competencia de ríos, entre otras cosas, para luchar contra las inundaciones. Las conversaciones están muy avanzas, pero Madrid no termina de firmar. La intención de Buruaga y Media era esperar a cerrar esa carpeta para abrir la de la costa. Visto el retraso, han preferido no perder más tiempo.